Entre 2022 y 2025, Colombia vivió el desmantelamiento progresivo de su sistema de salud. Aunque no se trató de un colapso oficialmente planeado, múltiples decisiones tomadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ejecutadas por el Ministerio de Salud bajo la dirección de Carolina Corcho (2022–2023) y luego Guillermo Alfonso Jaramillo (2023–2025), provocaron una transformación abrupta del modelo de aseguramiento, sin respaldo legislativo ni consenso técnico. Expertos, exministros y gremios alertaron desde 2022 sobre los riesgos, pero sus llamados fueron ignorados
- Diseño ideológico inicial: En 2022, la ministra Carolina Corcho propuso una reforma estructural que eliminaba el rol asegurador de las EPS, centralizaba el sistema y promovía un modelo estatal sin estudios de impacto ni simulaciones técnicas.
- Intervenciones sin consenso técnico: La Superintendencia de Salud intervino EPS como Sanitas y Nueva EPS, que juntas atendían a más de 17 millones de colombianos. Las decisiones se tomaron sin respaldo judicial ni informes técnicos públicos.
- Desfinanciamiento acelerado: Sanitas pasó de tener un patrimonio positivo de $280 mil millones en 2022 a uno negativo de $998 mil millones en 2024. La cartera farmacéutica llegó a $4,2 billones, con más del 35% vencida.
- Cierre masivo de servicios: Entre 2024 y 2025 se cerraron más de 9.000 servicios médicos y 1.200 IPS, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas.
- Transformación administrativa sin ley: Aunque la reforma fue hundida en el Congreso, el Gobierno implementó cambios estructurales por vía administrativa, desdibujando el modelo de aseguramiento.
¿Con qué fin?
- Centralización del sistema: El Gobierno buscó eliminar el rol de las EPS como aseguradoras y convertirlas en gestoras bajo control estatal.
- Control político y financiero: Se debilitó la participación privada en el sistema, concentrando decisiones en el Ejecutivo sin contrapesos técnicos ni institucionales.
- Imposición ideológica: Se promovió una visión estatista del sistema de salud, sin ofrecer un modelo alternativo funcional ni garantizar la sostenibilidad financiera.
Advertencias ignoradas
- En noviembre de 2022, un grupo de exministros y exviceministros de Salud publicó un comunicado a la opinión pública en el que advertían sobre el riesgo de desmantelar el sistema sin evidencia técnica ni planeación.
- El documento pedía:
- Priorizar a los pacientes.
- Reconocer el capital humano del sistema.
- Garantizar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
- Pagar las deudas acumuladas.
- Avanzar hacia un financiamiento sostenible, transparente y eficiente.
Consecuencias visibles
- Aumento de tutelas por falta de medicamentos y servicios.
- Interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas como cáncer, VIH, diabetes y enfermedades huérfanas.
- Migración de talento humano en salud por falta de pagos y condiciones laborales.
- Desconfianza institucional y jurídica en el sistema.
- Riesgo de desabastecimiento y colapso financiero del sistema hospitalario.
Conclusión
El colapso del sistema de salud colombiano fue el resultado de decisiones políticas ejecutadas sin planeación técnica, sin respaldo legislativo y sin diálogo con los actores del sistema. Los protagonistas, encabezados por el presidente Gustavo Petro, la ministra Carolina Corcho y su sucesor Guillermo Jaramillo, transformaron el modelo de salud por vía administrativa, generando una crisis que hoy afecta a millones de colombianos. Las advertencias de expertos fueron ignoradas, y el país enfrenta ahora el reto de reconstruir la confianza, la legalidad y la sostenibilidad del sistema.
