jueves, 15 de enero de 2026

Casos de violencia y acoso contra mujeres en el entorno del gobierno de Gustavo Petro

 15 de enero de 2026

Este informe destaca patrones de denuncias en el gobierno Petro, contrastando con sus compromisos de igualdad. Fuentes incluyen El Colombiano, El País, Infobae y reportes judiciales

 

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Este informe examina las declaraciones y acciones del presidente Gustavo Petro en relación con temas de género, así como los casos de violencia, acoso y maltrato contra mujeres vinculados a 11 figuras de su gobierno o círculo cercano, según un artículo de El Colombiano y otras fuentes verificadas. La información se basa en reportes periodísticos, judiciales y públicos.

 

 

EL COMPORTAMIENTO DE GUSTAVO PETRO EN TEMAS DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022 con un discurso enfocado en el feminismo y la igualdad de género. Su plan de gobierno prometía un “cambio con las mujeres”, incluyendo paridad en cargos públicos y medidas para combatir la violencia de género, elevándola a prioridad en el Código Penal. Entre sus acciones se destaca la sanción de la Ley 2453 de 2024 contra la violencia política hacia mujeres y la creación del Ministerio de la Igualdad, liderado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez. En noviembre de 2025, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Petro reiteró su compromiso, afirmando que “las mujeres libres son esenciales para una humanidad verdaderamente libre” y anunciando fortalecimiento de rutas de atención. En enero de 2026, emitió una directiva presidencial para prevenir la violencia de género en entidades públicas, reconociendo una “emergencia” por feminicidios y ordenando protocolos institucionales.

 

Sin embargo, Petro ha realizado varias declaraciones controvertidas. Un ejemplo notable ocurrió en un Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2025, donde dijo: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. Esta frase generó debate por ser vista como reductora y sexista en algunos sectores. Un juez ordenó su retractación por posible vulneración de derechos, y en noviembre de 2025, Petro se disculpó públicamente, calificándola de “desafortunada” y pidiendo perdón a las afectadas.

 

Otras declaraciones han sido interpretadas como machistas por críticos: en septiembre de 2025, comentó sobre una funcionaria recién casada, enfatizando su apariencia y rol matrimonial; en otro contexto, mencionó dedicar “el 80% de su tiempo a resolver conflictos entre mujeres”, lo que algunos vieron como estereotipado. Petro ha rechazado acusaciones de misoginia, atribuyéndolas a opositores políticos o “feministas de derecha”, y defendiendo sus expresiones como parte de la cultura latina.

 

Adicionalmente, se ha cuestionado su manejo de denuncias en su entorno, con acusaciones de silencio o respaldo a figuras señaladas, como Hollman Morris o Armando Benedetti, pese a promesas de igualdad. Se presenta una instrumentalización del feminismo, señalando una brecha entre retórica y práctica. En el caso de Ricardo Leyva, Petro se refirió con desdén a su denuncia por violencia, minimizándola públicamente.

 

 

LOS 11 CASOS DOCUMENTADOS EN EL ENTORNO GUBERNAMENTAL

 

Basado en el artículo de El Colombiano (“Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres”), se detallan los casos. Se organizan por orden alfabético para claridad, con cargos, descripciones factuales, víctimas mencionadas y estado actual.

 

1.                      Armando Benedetti (Ministro del Interior; exembajador ante FAO y Venezuela)

Denunciado por violencia intrafamiliar por su exesposa Adelina Guerrero en julio de 2024: durante una discusión en Madrid, España, habría amenazado con un cuchillo de 25 cm y cortado su ropa, invocando inmunidad diplomática para evitar detención. Guerrero inicialmente reportó temor, pero en noviembre de 2024 negó amenazas con arma blanca, aunque no desmintió el corte de ropa. Además, en junio de 2023, audios filtrados mostraron insultos (“perra”, “hijueputa”) contra Laura Sarabia, denunciado como violencia de género. Benedetti niega las acusaciones, calificándolas de privadas.

Víctimas: Adelina Guerrero, Laura Sarabia.

Estado: Investigaciones abiertas en Fiscalía; sigue en cargo.

 

2.                      Diego Cancino (Exviceministro del Interior; designado director de SAE, no asumió)

Denunciado por acoso sexual por Viviana Vargas en octubre de 2024: tocamientos sin consentimiento en su apartamento. Cancino admitió problemas con alcohol pero negó acusaciones.

Víctimas: Viviana Vargas.

Estado: Investigación en Fiscalía; renunció al viceministerio.

 

3.                      Víctor de Currea-Lugo (Asesor en Dapre; sonó para embajador)

Víctor de Currea-Lugo enfrenta múltiples denuncias por acoso sexual y abuso desde 2014, principalmente durante su tiempo como profesor en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia. En enero de 2023, al ser nominado embajador en Emiratos Árabes Unidos, resurgieron testimonios públicos: al menos cinco exalumnas lo acusaron de acoso, incluyendo mensajes inapropiados por redes sociales, tocamientos no consentidos, comentarios sexuales explícitos y un intento de acceso carnal violento. Una denunciante anónima relató en un podcast un episodio de intento de violación en 2014, mientras otras describieron patrones de hostigamiento sistemático, como invitaciones a salidas privadas bajo pretexto académico y presiones para relaciones íntimas. La congresista Jennifer Pedraza amplificó estas denuncias en redes, destacando que involucraban a estudiantes vulnerables, algunas posiblemente menores de edad al inicio del contacto. De Currea-Lugo renunció a la embajada en 2023, negando las acusaciones como "calumnias" y "delirantes. En mayo de 2025, fue nombrado asesor presidencial en temas de Medio Oriente en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pese a críticas. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió un comunicado en junio de 2025 cuestionando el nombramiento, argumentando que envía un "mensaje equivocado" en la lucha contra la violencia de género y que las denuncias son creíbles, comprometiendo su idoneidad para cargos públicos. Pedraza reiteró su rechazo, señalando que el gobierno cierra con "hombres violentos en cargos de poder". A lo largo de 2025, De Currea-Lugo ha acompañado a Petro en eventos clave, como negociaciones con paramilitares, protestas en Bogotá y viajes internacionales (incluyendo a Arabia Saudí y Nueva York, donde tradujo un discurso controvertido). No hay procesos penales abiertos reportados, pero movimientos feministas como Volcánicas han documentado impunidad y revictimización de las denunciantes.

Víctimas: Al menos cinco exalumnas anónimas (testimonios incluyen acoso, abuso y intento de violación).

Estado: Sigue en cargo pese a críticas; sin procesos penales formales

 

4.                      Alex Flórez Hernández (Senador del Pacto Histórico)

Alex Flórez Hernández, senador del Pacto Histórico, es investigado por la Corte Suprema de Justicia desde julio de 2024 por violencia intrafamiliar agravada contra su expareja Johanna Peláez entre 2020 y 2021, cuando era concejal de Medellín. La denuncia incluye agresiones verbales y físicas, como golpes por negarse a abortar durante el embarazo. En marzo de 2025, Peláez negó públicamente el maltrato en un video junto a Flórez, atribuyéndolo a "enemigos políticos" y enfatizando una buena relación centrada en su hijo, aunque no desmintió específicamente los hechos. Petro denunció "persecución nazi" contra la familia de Flórez. Además, en 2022, protagonizó un escándalo en Cartagena insultando a policías (incluyendo mujeres), aunque no directamente relacionado con violencia de género. La investigación incluye posibles lavado de activos.

Víctimas: Johanna Peláez (expareja y madre de su hijo).

Estado: Investigación abierta en Corte Suprema; podría archivarse por declaración de la víctima, pero continúa.

 

5.                      Julián Flórez (Director de Hidrocarburos, MinMinas)

Julián Flórez Quiroga, nombrado director de Hidrocarburos en el Ministerio de Minas y Energía en marzo de 2025, enfrenta señalamientos por acoso sexual y laboral que datan de su periodo anterior en la entidad. En 2024, mientras era coordinador del equipo de 'downstream' en la Dirección de Hidrocarburos, fue declarado insubsistente por el exministro Andrés Camacho tras denuncias internas de acoso laboral y sexual, incluyendo comentarios inapropiados, hostigamiento y creación de un ambiente hostil para las trabajadoras. Fuentes internas describen un patrón de alusiones burlescas en reuniones y presiones que llevaron a renuncias. Su reintegro en 2025 generó controversia inmediata: en marzo, aparecieron mensajes anónimos en los baños del Ministerio acusándolo de "acosador" y expresando temor por su regreso, con frases como "Julián Flórez acosador" y advertencias sobre el impacto en la seguridad de las empleadas. En abril de 2025, trabajadoras del colectivo ‘Mujeres por un Ministerio Libre de Violencia’ realizaron protestas y un plantón frente a la sede, exigiendo su remoción y respuestas del ministro Edwin Palma. Las manifestantes destacaron que el nombramiento ignora protocolos contra la violencia de género y perpetúa impunidad, especialmente en un contexto donde otros funcionarios como Gerardo Ochoa (condenado por violencia intrafamiliar) y Daniel Augusto Elsahieh (denunciado por acoso en la UNP) fueron vinculados al ministerio. Al menos tres mujeres presentaron denuncias formales. Flórez no ha respondido públicamente a las acusaciones, y el Ministerio ha afirmado que no hay fallos sancionatorios vigentes ni inhabilidades, manteniéndolo en el cargo de libre nombramiento. Feministas y medios han criticado esto como un ejemplo de "pactos de hombres" que silencian denuncias. En octubre de 2025, la Procuraduría abrió indagación por presunta participación política, solicitando también quejas por acoso laboral o sexual. No hay procesos penales abiertos reportados, pero las protestas continúan y hay llamados a investigaciones por la Procuraduría.

Víctimas: Trabajadoras anónimas del Ministerio (denuncias por acoso laboral y sexual).

Estado: Sigue en cargo; sin medidas reportadas por el ministro.

 

6.                      Cristóbal Padilla Tejada (Director de Colombia Compra Eficiente)

Denunciado por agresión física contra expareja Diana Carrasquilla en noviembre de 2025: golpes por infidelidad. Niega acusaciones.

Víctimas: Diana Carrasquilla.

Estado: Denuncia activa.

 

7.                      Nelson Lemus Cruz (Exviceministro de Pueblos Étnicos, MinIgualdad)

Acusado de acoso sexual y maltrato laboral por Sandra Milena Cobos en febrero de 2025.

Víctimas: Sandra Milena Cobos.

Estado: Renunció; investigación en Fiscalía.

 

8.                      Daniel Garcés Carabalí (Exembajador en Ghana)

Imputado por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento contra expareja Beatriz Josefina Niño en julio de 2025.

Víctimas: Beatriz Josefina Niño.

Estado: Imputado; dejó cargo.

 

9.                      Tamara Ospina-Posse (Exviceministra de las Mujeres, MinIgualdad)

Tamara Ospina-Posse, nombrada viceministra de las Mujeres en mayo de 2025, enfrentó al menos 14 denuncias (algunas fuentes hablan de hasta 30) por acoso laboral agravado, hostigamiento, discriminación racial, abuso de poder, violencia de género y persecución política. Los testimonios incluyen episodios de violencia verbal sistemática, prohibición de contacto entre funcionarios y un ambiente de intimidación que llevó a renuncias masivas. Un incidente clave ocurrió durante una reunión preparatoria para la COP16 en septiembre de 2024, donde golpeó en la boca con un celular a la contratista Jenny Liliana Pulido Velásquez, causándole lesiones; Pulido denunció esto como agresión física agravada. Otras acusaciones involucran discriminación contra afrocolombianas, como gritos racistas y exclusión. Ospina renunció en julio de 2025 tras una crisis institucional, pero regresó en septiembre de 2025 como asesora temporal, pese a rechazos de sindicatos que la acusaron de crear un "ambiente tóxico". Ospina alegó que su salida no fue por denuncias, sino por "falta de condiciones para trabajar", y calificó las acusaciones como "violencia política contra mujeres". La Procuraduría abrió investigación formal en octubre de 2025, y hay cinco procesos adicionales por acoso. Críticos destacan la ironía en un ministerio dedicado a la igualdad.

Víctimas: Jenny Liliana Pulido Velásquez (agresión física); múltiples afrocolombianas y funcionarias (acoso y discriminación).

Estado: Renunció definitivamente; investigaciones en Procuraduría y Defensoría

 

10.                 Julio César González (‘Matador’) (Contratista de Presidencia; candidato al Senado)

Julio César González, conocido como ‘Matador’, caricaturista con contratos estatales por hasta $34 millones mensuales (incluyendo uno de $18 millones con Presidencia para campañas), y candidato al Senado por el Pacto Histórico, fue denunciado ante la Fiscalía el 13 de enero de 2026 por violencia política de género contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. El incidente surgió de una publicación en X donde comparó a Valencia con una paloma de Fernando Botero, afirmando: “Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, interpretado como gordofobia y burla misógina al cuerpo femenino. Agravó la controversia con un video animado donde representaba a Valencia comiendo de forma exagerada, usando expresiones ofensivas. La Defensora del Pueblo condenó la "violencia simbólica" y gordofobia; feministas lo llamaron "machismo puro"; y críticos recordaron antecedentes de Matador, como denuncias por maltrato a su exesposa. Matador defendió su "humor político", pero no se retractó. El caso reavivó debates sobre límites del humor y machismo en política, con llamados a su renuncia como candidato.

Víctimas: Paloma Valencia (violencia simbólica y gordofobia).

Estado: Denuncia activa en Fiscalía; sigue como contratista y candidato.

 

11.                 Hollman Morris (Gerente de RTVC)

Hollman Morris enfrenta múltiples señalamientos por acoso sexual, maltrato laboral y violencia intrafamiliar desde al menos 2016, con un patrón de denuncias que se extiende a su gestión en RTVC. En 2019, durante su candidatura a la Alcaldía de Bogotá apoyada por Petro, su exesposa Patricia Casas lo denunció por violencia económica, psicológica y física, incluyendo un intento de atropello. Ese mismo año, surgieron al menos tres denuncias adicionales por acoso sexual: Lina Castillo (excolaboradora en el Concejo de Bogotá, quien reportó tocamientos no consentidos y comentarios inapropiados); Carolina Valencia (periodista que alegó besos forzados y hostigamiento); y María Antonia García de la Torre (quien lo acusó de acto sexual violento en 2018, admitido parcialmente por Morris en un acuerdo extrajudicial, pero el caso fue archivado tres veces por irregularidades procesales; García ha reportado intimidación judicial y contradenuncias por injuria y calumnia). En RTVC, desde su nombramiento en 2024, al menos dos directoras (Lina Moreno y Silvia Ordanelli) acusaron acoso laboral hostil. Otras cuatro mujeres (Carolina Valencia, María Antonia García, Natalia) reportaron besos forzados y acoso. Morris niega y contrademanda; alerta sobre "violencia digital". En 2025, víctimas como Lina Castillo aseguran que el gobierno Petro lo encubre, llamándolo "ley del cómplice", y reportan amenazas y acoso en redes por sus denuncias. La Fiscalía acusó a Castillo por injuria y calumnia en noviembre de 2024, pero su defensa solicitó nulidad. Movimientos feministas como Volcánicas documentan revictimización. En febrero de 2025, se conocieron más denuncias de maltrato laboral en RTVC.

Víctimas: Patricia Casas (exesposa, violencia intrafamiliar); Lina Castillo (acoso sexual); Carolina Valencia (acoso sexual); María Antonia García de la Torre (acto sexual violento); Lina Moreno y Silvia Ordanelli (acoso laboral en RTVC); al menos cuatro mujeres adicionales con testimonios anónimos o públicos.

Estado: Sigue en cargo; demandas activas en Fiscalía y Procuraduría, sin resolución final; algunos casos archivados o en apelación.

 

Bonus. Ricardo Leyva

Ricardo Leyva, empresario del entretenimiento y fundador de Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., mantiene una relación cercana con Armando Benedetti, incluyendo intercambios de propiedades investigados por la Fiscalía en noviembre de 2025 (una mansión en Puerto Colombia por un apartamento en Bogotá, con posibles irregularidades). Esta cesión ocurrió semanas antes de que su empresa recibiera un contrato sin licitación por 7.968 millones de pesos con RTVC (Sistema de Medios Públicos) en octubre de 2025, para organizar un evento cultural en la cumbre de la CELAC. RTVC está dirigida por Hollman Morris desde 2024, y el contrato ha generado sospechas de favoritismo, dado el círculo cercano con Benedetti y beneficios multimillonarios del gobierno Petro. Leyva enfrenta denuncias por violencia contra su exesposa Karen Santos: en diciembre de 2025, reveló agresiones físicas, verbales y amenazas de muerte, respaldadas por videos y partes médicos. Santos alega aislamiento y control económico.

Víctimas: Karen Santos.

Estado: Indagación preliminar en Fiscalía; Leyva no ha respondido públicamente.

 

Fuentes

 

 

martes, 13 de enero de 2026

Más corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Irregularidades en Famisanar: contrataciones aceleradas, clientelismo y “raspar la olla”

 

 

1.  Intervención de Famisanar y contexto general

Famisanar fue intervenida en septiembre de 2023 por fallas financieras, operativas y múltiples quejas de usuarios. La medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, bajo el argumento de que persisten los problemas que dieron origen a la intervención.

Lejos de corregir estas fallas, la intervención habría servido para ampliar la nómina y favorecer intereses políticos, especialmente durante 2025 y en los meses previos al ciclo electoral de 2026.

 

2.  Aumento acelerado de la nómina en 2025

De acuerdo con la información obtenida por el congresista Andrés Forero (@AForeroM) mediante derecho de petición y documentos internos de Famisanar, durante 2025 se habría producido un incremento extraordinario en la contratación de personal.

Durante 2025 se contrataron 572 personas nuevas, lo que habría generado un aumento aproximado de 2.700 millones de pesos mensuales en gastos de nómina. Además, desde noviembre de 2025, bajo la gestión del interventor Germán Darío Gallo, se habrían sumado 75 contrataciones adicionales, con un costo cercano a 700 millones de pesos mensuales.

Este pico de contrataciones coincide con el cierre del año fiscal y con la proximidad de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que refuerza la tesis de que se habría buscado asegurar contratos antes de que la ley limitara la contratación directa en entidades públicas.

 

3.  Perfiles cuestionados y salarios elevados

Los nuevos contratistas presentan perfiles que no corresponden a los cargos asignados, y que los salarios otorgados son desproporcionados para una EPS intervenida y en crisis.

Entre los casos señalados se encuentran contratistas con formación de bachiller o técnico que recibirían salarios entre 28 y 40 millones de pesos mensuales. También menciona cargos gerenciales ocupados por personas sin experiencia en salud o con trayectorias profesionales que no justifican los niveles salariales asignados.

Se destacan casos como los de Yessid Miguel Betancourt Espitia, Nathaly Sofía Ramos Maiguel, Paulo Andrés Arenas Soto y Kemer Ramírez, cuyos salarios y perfiles considera representativos de un patrón de contratación orientado a beneficiar a determinados círculos políticos.

 

4.  Impacto sobre los usuarios

Mientras la nómina crece, los usuarios continúan enfrentando fallas graves en la atención. Uno de los casos más sensibles es el de 37 pacientes con esclerosis múltiple que no habrían recibido medicamentos desde octubre de 2025.

Este contraste entre el aumento de la burocracia y la falta de atención efectiva refuerza la percepción de que los recursos se estarían destinando a fines administrativos y políticos, en lugar de garantizar los servicios esenciales para los afiliados.

 

5.  Responsables

Se atribuyen responsabilidades en distintos niveles de la estructura estatal:

Germán Darío Gallo, interventor de Famisanar, sería el responsable directo de las contrataciones realizadas desde noviembre de 2025. Su gestión habría permitido o promovido la expansión de la nómina en plena intervención.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, supervisa la Superintendencia Nacional de Salud y las intervenciones del sector. Vinculado con antecedentes de manejo cuestionado de recursos en salud y con prácticas clientelistas en entidades públicas. Jaramillo habría permitido que la intervención de Famisanar se convirtiera en un espacio de contratación política.

Gustavo Petro, presidente de la República, como responsable último de la política de intervenciones y del manejo de las EPS intervenidas. Estas entidades estarían siendo utilizadas como bolsas de contratación para favorecer aliados políticos en un año preelectoral.

 

6.  La respuesta de Famisanar: incoherencias y contradicciones

En su respuesta al derecho de petición, Famisanar argumentó que:

·        Los sistemas internos no siempre muestran los perfiles completos de los contratistas.

·        Los costos de nómina se encuentran dentro de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

·        Algunas contrataciones son transitorias y justificadas por la experiencia sectorial de los vinculados.

Sin embargo, al contrastar estas afirmaciones, surgen varias incoherencias:

Primera incoherencia: Si los sistemas internos no muestran los perfiles completos, resulta contradictorio que la EPS utilice esa misma información incompleta para justificar la idoneidad de los contratados. La falta de datos completos debería llevar a suspender o revisar las contrataciones, no a defenderlas.

Segunda incoherencia: Afirmar que los costos están “dentro de la UPC” no explica por qué se contrataron perfiles con salarios tan elevados en una entidad intervenida por crisis financiera. Estar “dentro de la UPC” no significa que el gasto sea eficiente, necesario o proporcional.

Tercera incoherencia: La EPS sostiene que algunas contrataciones son transitorias y justificadas por la experiencia sectorial. Sin embargo, varios de los perfiles denunciados no tienen experiencia en salud, ni técnica ni administrativa, lo que contradice directamente la explicación oficial.

Cuarta incoherencia: La respuesta de Famisanar no aborda el punto más grave: el aumento masivo de la nómina justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. La EPS no ofrece ninguna explicación sobre el momento en que se realizaron las contrataciones, lo que deja sin respuesta la principal sospecha.

Conclusión del análisis: La respuesta de Famisanar no logra desvirtuar las denuncias. Por el contrario, sus explicaciones son parciales, evasivas y contradictorias con los datos revelados. Esto refuerza la necesidad de una auditoría externa y de una revisión exhaustiva por parte de los organismos de control.

 

7.  Conclusión

Famisanar sería un caso emblemático del riesgo de captura política en entidades intervenidas. El aumento acelerado de la nómina, la contratación de perfiles cuestionados y la cercanía de la Ley de Garantías alimentan la tesis de que se habría intentado “raspar la olla” antes de que las restricciones legales limitaran la contratación directa.

La verificación de estas denuncias corresponde ahora a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Salud, mientras millones de usuarios continúan dependiendo de una EPS en crisis.