1. Intervención
de Famisanar y contexto general
Famisanar fue intervenida en septiembre de 2023 por fallas
financieras, operativas y múltiples quejas de usuarios. La medida ha sido
prorrogada en varias ocasiones, bajo el argumento de que persisten los
problemas que dieron origen a la intervención.
Lejos de corregir estas fallas, la intervención habría
servido para ampliar la nómina y favorecer intereses políticos, especialmente
durante 2025 y en los meses previos al ciclo electoral de 2026.
2. Aumento
acelerado de la nómina en 2025
De acuerdo con la información obtenida por el congresista
Andrés Forero (@AForeroM) mediante derecho de petición y documentos internos de
Famisanar, durante 2025 se habría producido un incremento extraordinario en la
contratación de personal.
Durante 2025 se contrataron 572 personas nuevas, lo que
habría generado un aumento aproximado de 2.700 millones de pesos mensuales en
gastos de nómina. Además, desde noviembre de 2025, bajo la gestión del
interventor Germán Darío Gallo, se habrían sumado 75 contrataciones
adicionales, con un costo cercano a 700 millones de pesos mensuales.
Este pico de contrataciones coincide con el cierre del año
fiscal y con la proximidad de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo
que refuerza la tesis de que se habría buscado asegurar contratos antes de que
la ley limitara la contratación directa en entidades públicas.
3. Perfiles
cuestionados y salarios elevados
Los nuevos contratistas presentan perfiles que no
corresponden a los cargos asignados, y que los salarios otorgados son
desproporcionados para una EPS intervenida y en crisis.
Entre los casos señalados se encuentran contratistas con
formación de bachiller o técnico que recibirían salarios entre 28 y 40 millones
de pesos mensuales. También menciona cargos gerenciales ocupados por personas
sin experiencia en salud o con trayectorias profesionales que no justifican los
niveles salariales asignados.
Se destacan casos como los de Yessid Miguel Betancourt
Espitia, Nathaly Sofía Ramos Maiguel, Paulo Andrés Arenas Soto y Kemer Ramírez,
cuyos salarios y perfiles considera representativos de un patrón de
contratación orientado a beneficiar a determinados círculos políticos.
4. Impacto
sobre los usuarios
Mientras la nómina crece, los usuarios continúan enfrentando
fallas graves en la atención. Uno de los casos más sensibles es el de 37
pacientes con esclerosis múltiple que no habrían recibido medicamentos desde
octubre de 2025.
Este contraste entre el aumento de la burocracia y la falta
de atención efectiva refuerza la percepción de que los recursos se estarían
destinando a fines administrativos y políticos, en lugar de garantizar los
servicios esenciales para los afiliados.
5. Responsables
Se atribuyen responsabilidades en distintos niveles de la
estructura estatal:
Germán Darío Gallo, interventor de Famisanar, sería
el responsable directo de las contrataciones realizadas desde noviembre de
2025. Su gestión habría permitido o promovido la expansión de la nómina en
plena intervención.
Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud,
supervisa la Superintendencia Nacional de Salud y las intervenciones del
sector. Vinculado con antecedentes de manejo cuestionado de recursos en salud y
con prácticas clientelistas en entidades públicas. Jaramillo habría permitido
que la intervención de Famisanar se convirtiera en un espacio de contratación
política.
Gustavo Petro, presidente de la República, como
responsable último de la política de intervenciones y del manejo de las EPS
intervenidas. Estas entidades estarían siendo utilizadas como bolsas de
contratación para favorecer aliados políticos en un año preelectoral.
6. La
respuesta de Famisanar: incoherencias y contradicciones
En su respuesta al derecho de petición, Famisanar argumentó
que:
·
Los sistemas internos no siempre muestran los
perfiles completos de los contratistas.
·
Los costos de nómina se encuentran dentro de la
Unidad de Pago por Capitación (UPC).
·
Algunas contrataciones son transitorias y
justificadas por la experiencia sectorial de los vinculados.
Sin embargo, al contrastar estas afirmaciones, surgen varias
incoherencias:
Primera incoherencia: Si los sistemas internos no
muestran los perfiles completos, resulta contradictorio que la EPS utilice esa
misma información incompleta para justificar la idoneidad de los contratados.
La falta de datos completos debería llevar a suspender o revisar las contrataciones,
no a defenderlas.
Segunda incoherencia: Afirmar que los costos están
“dentro de la UPC” no explica por qué se contrataron perfiles con salarios tan
elevados en una entidad intervenida por crisis financiera. Estar “dentro de la
UPC” no significa que el gasto sea eficiente, necesario o proporcional.
Tercera incoherencia: La EPS sostiene que algunas
contrataciones son transitorias y justificadas por la experiencia sectorial.
Sin embargo, varios de los perfiles denunciados no tienen experiencia en salud,
ni técnica ni administrativa, lo que contradice directamente la explicación
oficial.
Cuarta incoherencia: La respuesta de Famisanar no
aborda el punto más grave: el aumento masivo de la nómina justo antes de la
entrada en vigor de la Ley de Garantías. La EPS no ofrece ninguna explicación
sobre el momento en que se realizaron las contrataciones, lo que deja sin
respuesta la principal sospecha.
Conclusión del análisis: La respuesta de Famisanar no
logra desvirtuar las denuncias. Por el contrario, sus explicaciones son
parciales, evasivas y contradictorias con los datos revelados. Esto refuerza la
necesidad de una auditoría externa y de una revisión exhaustiva por parte de
los organismos de control.
7. Conclusión
Famisanar sería un caso emblemático del riesgo de captura
política en entidades intervenidas. El aumento acelerado de la nómina, la
contratación de perfiles cuestionados y la cercanía de la Ley de Garantías
alimentan la tesis de que se habría intentado “raspar la olla” antes de que las
restricciones legales limitaran la contratación directa.
La verificación de estas denuncias corresponde ahora a la
Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de
Salud, mientras millones de usuarios continúan dependiendo de una EPS en
crisis.
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