Desde el profundo compromiso con la dignidad y el derecho a la vida de nuestros mayores, me veo en la necesidad de exponer públicamente una situación que afecta directamente a mi padre, un adulto mayor de 82 años con una historia médica compleja, y que ha sido objeto de una negación injustificada por parte de Coomeva Medicina Prepagada.
Mi padre padece cardiomiopatía isquémica, hipertensión arterial severa y antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Ante la sospecha clínica de una arritmia potencialmente letal —fibrilación auricular paroxística— su médico tratante, un especialista en falla cardíaca, recomendó el implante de un monitor cardíaco insertable. Este dispositivo no es un lujo ni un recurso estético: es una herramienta diagnóstica esencial para prevenir eventos cerebrovasculares y ajustar tratamientos anticoagulantes oportunamente.
A pesar de su historial en el programa Oro de Coomeva y del respaldo médico especializado, la solicitud fue rechazada con base en una cláusula contractual que excluye "elementos que mejoren o sustituyan funciones orgánicas". Esta interpretación desconoce la naturaleza preventiva y diagnóstica del dispositivo, y pone en riesgo la vida de un paciente vulnerable.
Este no es un caso aislado. Muchos adultos mayores enfrentan barreras similares, atrapados entre cláusulas contractuales ambiguas y decisiones administrativas frías, que priorizan tecnicismos sobre la vida humana. La medicina no puede supeditarse al literalismo contractual cuando existe evidencia médica clara de la urgencia vital de una intervención.
Hago un llamado urgente a la reflexión y la acción: a la Superintendencia Nacional de Salud, a las asociaciones médicas, a la opinión pública y a quienes creen en una salud digna y centrada en el paciente. Es hora de revisar los límites de lo "prepagado" cuando se trata de proteger la vida.
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